La reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha puesto de manifiesto las consecuencias de una gestión territorial y climática inadecuada. Factores como la ocupación de áreas de riesgo, la deforestación y la falta de planificación sostenible han incrementado el impacto de estos fenómenos extremos, que son cada vez más frecuentes debido al cambio climático.
Construcciones en zonas vulnerables, como cauces de ríos o áreas propensas a inundaciones, exacerban las catástrofes naturales. A esto se suma la degradación ambiental, que reduce la capacidad de los ecosistemas para amortiguar los efectos de lluvias torrenciales, sequías y otros eventos. Los expertos coinciden en que no solo es necesario reparar los daños ya sufridos, sino también implementar medidas preventivas urgentes.
Entre estas soluciones destacan la reforestación para mejorar la retención de agua, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la protección de ecosistemas críticos. También se requiere una mayor inversión en infraestructuras resilientes y una revisión de las políticas urbanísticas para garantizar que no se construya en áreas de alto riesgo.
Las políticas climáticas deben integrarse con una gestión territorial eficiente que considere el impacto del cambio global. Solo así será posible reducir la vulnerabilidad de las comunidades, minimizar pérdidas económicas y proteger el medio ambiente, que actúa como una barrera natural frente a estos fenómenos.
Manuel Villar Argaiz
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